Bolivia: La justicia comunitaria en la balanza

Asamblea en una comunidad cercana a La Paz. Foto de José Miguel Fernández-Layos.

Asamblea en una comunidad cercana a La Paz. Foto de José Miguel Fernández-Layos.

En Bolivia no existe una sola justicia, sino dos: la ordinaria y la indígena originaria campesina (también llamada comunitaria). Para sus defensores, esta última es más eficiente y democrática. Para sus detractores, viola principios jurídicos universales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. En la nueva Constitución de la República de Bolivia, promulgada el 7 de febrero de 2009, se establece la coexistencia de ambas y se señala que “gozarán de igual jerarquía” (art. 180.2).

En los últimos años ha estallado la polémica. Sucesos como los ocurridos en la localidad de Ayo Ayo, La Paz, han sido difundidos y analizados en detalle por los medios de comunicación. El 24 de enero de 2007, tres personas fueron linchadas, quemadas, y con signos de haber sido torturadas. En esta misma localidad, el 14 de junio de 2004, una multitud mató al alcalde del pueblo, Benjamín Altamirano, quien fue acusado de robar los escasos recursos de esa población, una de las más pobres de la región, y de usar la justicia oficial para perseguir y encarcelar a sus detractores.

Extremos de violencia

El director de la Agencia de Noticias “Fides” (ANF), el sacerdote José Gramunt de Moragas, hablaba así en “La Razón”: “Con mayor frecuencia se cometen crímenes horrendos en aplicación de la llamada ‘’. Será porque antes no abundaban esas venganzas, o porque la prensa no se ocupaba del tema, el hecho es que en varias comunidades campesinas, e incluso en barrios extremos de algunas ciudades, son azotados como bestias, ahorcados como reses del matadero o quemados vivos como antiguamente se hacía con los brujos, por decisión de la comunidad. La pena incluye, desde supuestos rateros, consumados ladrones, hasta presuntos violadores y homicidas. Un grupo autoconstituido en tribunal popular decide tomarse la justicia por su mano y les aplica penas inhumanas y primitivas sin ninguna garantía de que la vindicta pública garantice un procedimiento legal.”

Incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por los frecuentes linchamientos de personas sospechosas de haber cometido delitos, pero pidió distinguir esa práctica de la justicia indígena.

A su vez, las autoridades bolivianas han subrayado que los extremos de violencia no forman parte de la justicia comunitaria, pero reconocen que algunos de sus conciudadanos, en nombre de esta justicia, hacen cosas que no deberían hacer. Y recuerdan el art. 191.2 de la carta magna, cuando dice que “La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida y los derechos establecidos en la presente Constitución”.

La realidad de las comunidades

Según explica Roberto Aguilar, ex vicepresidente de la Asamblea Constituyente de Bolivia y actual ministro de Educación y Culturas, “la justicia comunitaria sólo se reconoce en territorios formalmente reconocidos como originarios, es decir, uno no se puede inventar el territorio indígena. Además, la constitución sólo reconoce y valida un hecho que sucede todos los días en las comunidades. Sólo el 38 % de los municipios en Bolivia están cubiertos por la justicia ordinaria. El resto, ¿cómo resuelve sus conflictos?, o no los resuelve y queda en impunidad el delito, o es la comunidad la que lo hace a través de la justicia comunitaria.”

En Bolivia coexisten 34 etnias indígenas cuya población supone más del 60 por ciento de todo el país. La justicia indígena normalmente no está codificada y se transmite oralmente de generación en generación. Las funciones judiciales son realizadas por miembros designados de la comunidad, que son entrenados para asumir esas responsabilidades. Recientemente, en la universidad, se ha creado un programa de formación de promotores de justicia comunitaria.

Juristas enfrentados

Entre los mismos juristas hay diversidad de opiniones. Muchos piensan que los linchamientos no reflejan la verdadera justicia indígena y que los incidentes disminuirán a medida que las comunidades establezcan su autoridad. Otros creen que las autoridades asumen simultáneamente el rol de fiscales, jueces, policías y verdugos, y temen que los linchamientos no hagan más que aumentar. Además, denuncian que el debido proceso implica el derecho a defenderse y el conocimiento de la la ley. Y expresan una duda: Si la ley no es definida o no está escrita, ¿cómo puede uno defenderse?

Uno de los analistas más críticos con este tipo de justicia es Luís Eduardo Siles Pérez, diplomado del Instituto de Ciencias Políticas de Burdeos. En su artículo “Bolivia, justicia comunitaria”, comenta: “En muchos casos, las justificaciones y métodos se asemejan a los que ocurren en lugares gobernados por el fundamentalismo islámico, alegándose con frecuencia que se ejecutan por la falta de acceso a la justicia convencional. La recurrencia de los casos revela que en Bolivia rige la pena de muerte, sin ley ni proceso, y al amparo de la denominada ‘justicia comunitaria’. Los chicotazos, el destierro y la humillación pública como pedir perdón de rodillas ante cada miembro de una comunidad junto con otras prácticas violatorias de los derechos humanos también son frecuentes.”

¿Cómo funciona?

Roberto Aguilar, en cambio, cree que la justicia comunitaria es más democrática que la ordinaria, y el tipo de sanción tiene un carácter más social que represivo:

“Imaginemos que alguien cometió un delito, por ejemplo, que robó una oveja. Entonces se reúne la comunidad y le dan derecho a formar una defensa. Si se demuestra que fue él quien lo hizo, se le pregunta por su relación familiar; y si la comunidad ve que sus padres lo maltrataban, o no lo cuidaban correctamente, se genera un juicio social. La sanción puede repercutir sobre quién cometió el delito y sobre la familia. Por ejemplo, se le obliga, a devolver al afectado el doble del valor de lo robado, por lo cual tiene que trabajar. Si no cumple, la comunidad lo vuelve a juzgar. Le dice que estará observado por la comunidad, y le da otra oportunidad. Si tampoco cumple, y es reincidente en el delito, lo expulsa de la comunidad.

¿Qué hubiera pasado con la justicia ordinaria? Es denunciado a la policía, que comprueba el tema y lo arresta. Va al juez, y si tiene suerte que lo juzguen en un período corto de tiempo, lo sentencian, por ejemplo, a un año de cárcel. Allí no va a hacer nada bueno, sino que se va a juntar con otros delincuentes.”

La alternativa boliviana

La justicia comunitaria ha tenido un fuerte impulso en los últimos años. Sus defensores argumentan que la legislación boliviana nunca habían tenido en cuenta los usos y costumbres de los pueblos originarios.

La pena de cárcel, propia de la justicia ordinaria, se suele presentar como algo “natural” ligada al funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, como Michael Foucault demostró en su obra “Vigilar y castigar”, la prisión como “pena de las sociedades civilizadas” no se generalizó hasta los siglos XVIII y XIX. No existe por tanto una única forma de impartir justicia, sino que la Historia ha manejado siempre varias alternativas. Y estas han tenido diferentes resultados.

Ahora es tiempo de ver en Bolivia si la justicia ordinaria y la comunitaria pueden, o no, complementarse; y si este proceso desemboca en un callejón sin salida o, por el contrario, abre nuevos horizontes a la idea, quizá demasiado estrecha, que se suele tener de la justicia.

Análisis especial para 180 Latitudes

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Hay 2 comentarios al artículo “La justicia comunitaria en la balanza”

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  2. [...] En Bolivia existe una alternativa a la justicia ordinaria: ¿es más social y democrática o más ar…www.180latitudes.org/analisis/la-justicia-comunitaria-en-la-… por bastian80 hace pocos segundos [...]

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