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Aprovechando el desgobierno, una multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que pescaron allí unos 800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más específicamente, españoles. Se estima que los ingresos generados durante un año por esta pesca extranjera ilegal ascendía a 450 millones de dólares. El resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más pobres del mundo.
